Ayer Busti dijo que hay miles de uruguayos que están en contra de las plantas de celulosa (la prensa, tanto uruguaya como argentina, las suelen llamar “papeleras” pero de ahí no va a salir un sólo papel, en todo caso serían “celuleras”).

Es cierto. Como es verdad que hay muchos que están a favor. Pero también es verdad que hay otros que creemos que se podrían instalar estas plantas siempre y cuando exista un Estado que las controle. Caso este que no es el de Uruguay.

La siguiente es la columna de Joel Rosenberg en la Freeway de octubre.

“Las plantas celestes

En un razonamiento muy similar al que elabora buena parte de los periodistas deportivos para hablar de la selección de fútbol, parece que ahora todos los uruguayos deberíamos “tirar del carro” de las plantas de celulosa que se van a instalar en Uruguay.

Contribuyó a este clima la protesta argentina, que empujó el tema hacia el chauvinismo.

La mayoría de los periodistas, el gobierno y los partidos de oposición hablan de las plantas de celulosa en tono de promoción. Las empresas Ence (España), Botnia (Finlandia) y la nueva Stora – Enso (Suecia – Finlandia) reciben el aliento caluroso en los medios de comunicación y el Parlamento.

Pero la millonaria inversión, además de dólares, genera dudas.

Por ejemplo, sobre cómo se va a controlar la contaminación de las plantas. Los jerarcas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dijeron en el Parlamento, el 13 de setiembre, que van a duplicar los rubros para la Dirección Nacional de Medio Ambiente (en una explicación poco clara). Pero no garantizaron, en ningún momento, que eso alcance para el control; ninguno de los diputados repreguntó ese día en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Unos días después el subsecretario del Ministerio, Jaime Igorra, aseguró en radio El Espectador que es lógico que los estudios de impacto medioambiental los hayan hecho las propias empresas.

Pero el fiscal Enrique Viana presentó el 7 de setiembre una demanda a esa cartera: allí dice que ese proceder no sólo no es lógico, sino que, además, viola el artículo 47 de la Constitución.

Y hay más sobre lo que se informa poco.

Los delegados uruguayos en la Comisión Administradora del Río Uruguay reconocieron ante el Parlamento el 12 de setiembre que en 2003 se violaron los estatutos de esa comisión, ya que se le informó tarde y mal a Argentina de las plantas de celulosa. Nadie dijo nada al respecto; como si fuera un gol con la mano, si sirve para ganar está bien.

Tampoco se investiga a fondo sobre las inversiones. No hay una sola versión exacta de cuántos puestos de trabajos se van a generar y si en realidad son 1.600 millones de dólares lo que se va a invertir. ¿Alguien va a explicar por qué cada inversión en Uruguay tiene de regalo cuatro salas de slots o, como en este caso, una zona franca? ¿No seremos demasiado generosos?

La idea no es estar contra las inversiones ni aplicar el fundamentalismo ambientalista.

Lo ideal sería que las empresas extranjeras vengan e inviertan en un país con regulaciones; pocas, pero eficaces, como recomienda el Banco Mundial.

Hoy en día Uruguay no puede controlar ni siquiera las panaderías clandestinas. Aquí se instaló una empresa aérea (Uair) sin aviones, que presentó un aval que era un fax falso. Llegó Consorcio Ruta 1, no tuvo controles y nos dejó sin puente.

Hay muchos más ejemplos de un país sin regulaciones eficaces.

¿Por qué hay que pensar que ahora, de pronto, Uruguay puede controlar estas plantas sin preguntas y con actitud displicente?

Quizá sea cuestión de fe y un ateo como yo no lo pueda percibir.

Para convencerme podrían asociar a Jorge Fossati a estas inversiones, llevar a sus vírgenes a Fray Bentos y rezar por los peces, los árboles y nuestra salud.”